Washington (AP).- Más de un año después de que el presidente Donald Trump desplegara a la Guardia Nacional para que comenzara a patrullar las calles de la capital de Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones inició una audiencia sobre la legalidad de su medida al preguntar al gobierno si existían límites a la autoridad de un presidente para hacerlo.
La audiencia comenzó cuando el panel de tres jueces interrogó en conjunto al abogado del gobierno, Eric McArthur. La jueza Cornelia T.L. Pillard preguntó cómo el argumento del gobierno sobre las facultades de una administración “no es una federalización y, por lo tanto, no choca” con la Ley Posse Comitatus, una ley de 1878 de Estados Unidos que prohíbe el uso del ejército federal para la aplicación de la ley dentro del país, salvo que lo autoricen la Constitución o el Congreso.
En respuesta a una pregunta de la jueza Judith Rogers sobre los límites de la actuación de un presidente, McArthur afirmó: “Creo que el principio limitante de nuestra postura es que el presidente tiene que llamar a la guardia en apoyo de las autoridades civiles”.
Trump desplegó a la guardia en agosto de 2025 como parte de lo que, según dijo, era una misión para combatir el crimen en Washington, D.C. La fuerza, que alcanzó un máximo de unos 5.000 efectivos durante el verano, ha respaldado operativos de arresto, patrullado calles y vecindarios de la ciudad y participado en labores de limpieza.
La administración republicana de Trump sostiene que el despliegue ha contribuido a una disminución del crimen en la ciudad, donde la delincuencia ya iba a la baja antes de la llegada de la Guardia Nacional. Autoridades y activistas de la ciudad, de abrumadora mayoría demócrata, señalan que el despliegue es un desperdicio del dinero de los contribuyentes y ha normalizado la militarización de una importante ciudad estadounidense.
