Santo Domingo.- Los senadores sancionaron de urgencia, en dos sesiones consecutivas, y convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la Ley 339-22, de uso de medios digitales en el Poder Judicial, para optimizar la prestación de servicio judicial, fortalecer su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro.
El marco jurídico, que pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, crea la figura del “spoofing” (falsificación digital) y busca que la justicia sea más moderna y que los documentos puedan tramitarse por internet, pero sin dejar fuera a las personas que no tienen acceso a la tecnología.
La legislación trae cambios en los artículos 4, 5, 12 y 14 y adiciona un artículo 12.1 a Ley 339-22, mediante los cuales consolida la digitalización como regla general para todos los trámites judiciales, incorpora herramientas como la firma digital y un sistema georreferenciado que garantice la trazabilidad y seguridad de las diligencias.
La ley establece un marco más claro para el uso de audiencias virtuales, que permitirá a las partes optar por esta modalidad y otorgar al juez la facultad de decidir en caso de desacuerdo.
Además, mejora la normativa actual, facilita la firma digital gratuita a los auxiliares de la justicia y el uso de la tecnología para erradicar las notificaciones en el aire y fortalecer la seguridad jurídica.
El pliego legal fue propuesto originalmente por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el Senado en octubre de 2025, pero que perimió y fue reintroducido en la Cámara Baja el pasado 17 de agosto, por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, junto a los voceros de las diferentes bancadas partidarias, tales como Ydenia Doñé, Rogelio Alfonso Genao, Pedro Martínez, Onavel Andrés Aristy, José David Báez, Elías Wessin Chávez y Amado Díaz.
LA NUEVA FIGURA DE “SPOOFING” Y OTROS PUNTOS TRASCENDENTES
La nueva pieza también establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, y mantendrá la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución. Además, la iniciativa amplía el uso de la firma digital y consigna la implementación de un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles.
La legislación busca ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital por parte de los auxiliares de la justicia y otros actores activos y pasivos del sistema.
